El Senado de la República aprobó este martes 20 de octubre de 2026 la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una reforma que busca modernizar las transacciones en comercios y trámites gubernamentales.
Sin embargo, la medida generó controversia por las restricciones al uso de dinero en efectivo en determinadas actividades económicas.
La nueva legislación, aprobada con 72 votos a favor y 37 en contra, establece que los proveedores de bienes y servicios, así como las autoridades de los tres órdenes de gobierno, deberán habilitar infraestructura para aceptar pagos digitales.
Entre los métodos contemplados se encuentran las tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias, códigos QR, tecnología NFC y domiciliaciones. No obstante, la ley no elimina de manera generalizada el dinero en efectivo. El senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, aclaró que su implementación será progresiva.
El punto más relevante es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinará los sectores estratégicos y actividades donde únicamente se aceptarán pagos digitales. En esos casos, se permitirá efectivo o cheque cuando existan contingencias que impidan las transacciones electrónicas.
La aprobación provocó críticas de legisladores de oposición, quienes advirtieron sobre posibles afectaciones económicas para pequeños negocios y consumidores. El senador panista José Máximo García López rechazó lo que calificó como un “cheque en blanco para Hacienda”, al considerar que la medida representa riesgos para los comercios.
Por su parte, la senadora priista Carolina Viggiano advirtió que las comisiones bancarias cobradas a los establecimientos podrían trasladarse a los consumidores. Aunque la legislación busca ampliar la inclusión financiera, su aplicación dependerá de los sectores que determine Hacienda.
Marlene Garayzar, cofundadora y CGO de Stori, señaló que la economía digital enfrenta un reto que va más allá de abrir cuentas o contratar productos financieros: 85.2% de la población utiliza efectivo de manera frecuente para compras de 500 pesos o menos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024.
Planteó que tener acceso a una cuenta no significa que las personas hayan incorporado los servicios financieros digitales a su vida diaria. “Abrir una cuenta es apenas el principio”, apuntó al destacar que la inclusión avanza cuando ese producto sirve para cobrar por el trabajo, sostener un negocio o construir un ahorro.
La especialista explicó que el desafío se vuelve especialmente visible entre los pequeños negocios, porque una cuenta pierde utilidad si sus clientes no tienen cómo pagarles digitalmente o si el comerciante necesita retirar todo el dinero recibido para cubrir sus gastos cotidianos. La adopción, subrayó, también depende de lo que ocurre alrededor del usuario.
Consideró relevante la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos porque abre la conversación sobre ampliar los pagos electrónicos y facilitar la contratación de servicios financieros. Para las SOFIPOs, destacó la posibilidad de acercar productos mediante comisionistas de base tecnológica y estar presentes en las plataformas que las personas ya utilizan.
Garayzar advirtió que esa facilidad debe acompañarse de costos transparentes, protección de la información y mecanismos claros de atención cuando algo falle. “La persona debe saber con qué institución contrata y quién responde por su dinero”, puntualizó.
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