En un intento por frenar una modalidad delictiva que ha ganado terreno en zonas urbanas de alta circulación, la diputada Fedrha Suriano Corrales, del partido Movimiento Ciudadano, presentó ante el Congreso de Puebla una iniciativa que busca sancionar con penas de hasta 12 años de prisión a quienes simulen accidentes vehiculares con fines de extorsión.
Durante la sesión ordinaria del 26 de junio, la legisladora subió al pleno con una propuesta de reforma al Código Penal del Estado para tipificar como delito específico las colisiones provocadas deliberadamente, conocidas como prácticas de “montachoques”. El objetivo, argumentó, es cerrar el vacío legal que hoy permite a estas redes actuar con impunidad.
Según la iniciativa, se plantea adicionar un artículo 415 al ordenamiento penal, con el que se sancione de 2 a 8 años de cárcel a quien provoque o simule un siniestro vehicular con el propósito de obtener un beneficio económico a través de amenazas, engaño o intimidación. La pena podría elevarse hasta 12 años en caso de agravantes como actuar en grupo, ejercer violencia física o psicológica, afectar a personas vulnerables o suplantar a servidores públicos.
Suriano Corrales explicó que estas prácticas delictivas se concentran en puntos específicos del área metropolitana de Puebla, como el Periférico Ecológico, la Vía Atlixcáyotl, Calzada Zavaleta, Circuito Juan Pablo II, así como en inmediaciones de centros comerciales como Angelópolis o Explanada. A pesar del conocimiento generalizado de estos casos, advirtió que el marco normativo actual no permite sancionar con contundencia a los responsables.
La legisladora subrayó que la propuesta no solo responde a una exigencia ciudadana, sino también a una realidad alarmante: la normalización de la extorsión vial y la vulnerabilidad en la que quedan conductores —principalmente mujeres, adultos mayores o jóvenes— frente a este tipo de agresiones disfrazadas de accidentes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y eventual dictamen. De avanzar, colocaría a Puebla como una de las primeras entidades del país en reconocer y sancionar penalmente este delito como figura autónoma.
La urgencia de legislar en este sentido se respalda en la frecuencia con la que estos hechos se reportan en redes sociales y medios locales, sin que existan mecanismos legales eficaces para su castigo. Esta omisión, advierte la diputada, no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que permite la expansión de estructuras delictivas que operan de manera organizada y reiterada.
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