El coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra denunció la existencia de un “cártel de las inundaciones“, término con el que describió el contubernio entre desarrolladores inmobiliarios y autoridades municipales que, aseguró, permite la construcción de viviendas en zonas donde no debería autorizarse. El funcionario afirmó que este crecimiento desordenado generó asentamientos irregulares que taponaron los escurrimientos naturales de agua en la región.
García Parra explicó que constructoras particulares se han apropiado de arroyos y barrancas, rellenándolos con escombros para ganar terreno. Acusó los ayuntamientos han sido cómplices al otorgar permisos de construcción en zonas prohibidas, bloqueando los desfogues naturales del agua pluvial:
El funcionario estatal detalló que el caos inmobiliario y la omisión de las administraciones locales han afectado severamente a las juntas auxiliares de Puebla capital. Asimismo, señaló que este patrón de impunidad se repite de forma crítica en los municipios vecinos de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Coronango y Santa Clara Ocoyucan
El coordinador de gabinete enfatizó que el control del suelo y la entrega de licencias de construcción son facultades exclusivas de los ayuntamientos bajo el artículo 115 constitucional. Por ello, recordó que si un particular busca levantar una barda o un complejo habitacional, el trámite se realiza ante las ventanillas municipales y no con el estado.
El funcionario recordó que la entidad se encuentra asentada en una zona hidrológica activa, con un promedio anual de 800 a mil milímetros de precipitación pluvial intensificada entre julio y octubre. Históricamente, la ciudad contaba con una red natural de ríos y barrancas que garantizaba el flujo del agua, la cual hoy se encuentra estrangulada por el cemento.
Esta denuncia se presenta tras los estragos de la severa tormenta que azotó la zona metropolitana, evidenciando cómo el agua busca sus cauces originales al no encontrar salidas viables. Las severas inundaciones y pérdidas materiales registradas el domingo confirmaron el diagnóstico estatal sobre la vulnerabilidad que provoca la urbanización descontrolada en el valle de Puebla.
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